Los que quedaron atrás: qué pasa con las condenas cuando la ley cambia
Cuando un país regula el cannabis, queda una pregunta que casi nunca se resuelve al mismo tiempo: qué hacer con quienes ya fueron condenados por hacer lo que hoy es legal.
La conversación sobre regular el cannabis suele mirar hacia adelante: licencias, mercado, impuestos, salud pública. Hay una parte del problema que mira hacia atrás y que se resuelve mucho más tarde, o no se resuelve: los antecedentes penales de quienes fueron condenados bajo la norma anterior.
Canadá: legalizó primero, resolvió el pasado después, y a medias
Canadá legalizó el uso adulto en octubre de 2018. El 17 de octubre de ese mismo año el gobierno anunció que presentaría legislación para que las personas con condena por posesión simple pudieran solicitar el perdón sin pagar la tarifa; el proyecto C-93 recibió sanción real el 21 de junio de 2019.
Dos detalles hacen la diferencia. Primero, Canadá optó por la suspensión del antecedente, no por el expurgo: reservó esa segunda figura, más fuerte, para casos en que la criminalización fue históricamente injusta, por ejemplo cuando una ley violó la Carta de Derechos. Segundo, y más importante en la práctica, el trámite quedó a solicitud del interesado: hay que saber que existe, iniciarlo y sostenerlo. Se otorgaron muchas menos suspensiones de las que el propio gobierno esperaba.
Estados Unidos: un indulto que no borra
El indulto federal masivo por posesión de marihuana anunciado por el presidente Biden en 2022 perdona la condena, pero no elimina el registro. La distinción es técnica y es decisiva: quien pide empleo, arrienda o solicita una visa se sigue topando con el antecedente. Analistas jurídicos han señalado que un estatuto federal de expurgo haría lo que el indulto no hace.
Colombia: ni la pregunta se ha hecho
En Colombia no existe hoy un mecanismo específico para condenas relacionadas con cannabis. Lo que hay es la vía general: los antecedentes penales son datos personales cuya circulación puede restringirse, y transcurridos cinco años desde el cumplimiento de la pena, si el registro no ha sido suprimido de la consulta pública, la persona puede solicitar su supresión ante la autoridad que administra la base o ante el juez de ejecución de penas.
Es un mecanismo general, no una respuesta al cambio normativo. Y como el uso adulto todavía no está regulado en el país, la pregunta ni siquiera está planteada en el trámite legislativo.
Por qué importa antes y no después
La experiencia de los dos países que ya pasaron por esto sugiere tres lecciones. Que a solicitud del interesado significa, en los hechos, que la mayoría no lo pide. Que perdonar no es borrar, y que la diferencia la sufre quien busca trabajo. Y que resolver el pasado después de abrir el mercado crea una asimetría difícil de justificar: una industria que factura legalmente mientras hay personas con antecedentes por la misma conducta.
Es una pregunta abierta, y deliberadamente la dejamos abierta: no tenemos una propuesta técnica que ofrecer sobre cómo debería resolverse en Colombia. Sí creemos que debería discutirse junto con la regulación, no una década después.
Este artículo es informativo y describe marcos normativos vigentes; no es asesoría jurídica. Para un caso concreto de antecedentes en Colombia, consulta con un abogado.
Fuentes
- Public Safety Canada. «Cannabis Pardons», materiales informativos del gobierno de Canadá.
- Parlamento de Canadá. Proyecto de ley C-93 (sanción real, 21 de junio de 2019).
- CBC News. «Biden's blanket pot pardon plan is better than Canada's approach, experts say».
- The Appeal. «Biden's Cannabis Pardons Made Progress. A Federal Expungement Statute Would Go Further».
- Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, LegalApp. «¿Puedo solicitar la supresión de mis antecedentes penales?».
- Fiscalía General de la Nación. «Antecedentes y anotaciones judiciales».