Sustitución de cultivos y campesinos: dónde encaja el cannabis legal
A nueve años del PNIS, las cifras de 2026 muestran avance y deuda al mismo tiempo. Y la pregunta de si el cannabis legal es una salida para el campesinado sigue sin respuesta clara.
Hay una idea intuitiva y muy repetida: si el cannabis se legaliza, el campesino que hoy cultiva coca tendría una alternativa lícita. La realidad de la política de sustitución en Colombia es bastante más complicada, y vale la pena mirar las cifras antes de la narrativa.
Dónde va el PNIS
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), nacido del acuerdo de paz, lleva nueve años operando. En mayo de 2026, su directora Gloria Miranda reportó que más de 42.500 hectáreas están en proceso de sustitución y que 6.386 ya fueron erradicadas de forma efectiva, con verificación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El contraste está en el cumplimiento hacia las familias: a marzo de 2026, solo el 20,77% de las familias vinculadas había recibido todos los componentes del programa. Nueve años, y cuatro de cada cinco familias sin el paquete completo. Ese dato explica buena parte de la desconfianza que el programa enfrenta en el territorio.
El problema que casi nunca se nombra: la tierra
Hay un obstáculo estructural que ninguna transición de cultivo resuelve por sí sola. Muchas familias inscritas en el PNIS no son dueñas de la tierra: han mantenido sus cultivos en predios arrendados, o se han asentado en territorios étnicos o en zonas de parques naturales.
Sin seguridad jurídica sobre el predio, no hay acceso a crédito, no hay inversión de mediano plazo y no hay posibilidad de cumplir requisitos formales. Una licencia de cultivo, cualquiera que sea, presupone un vínculo legal con la tierra que buena parte de estas familias no tiene.
Por qué el cannabis legal no es sustitución automática
Aquí está el punto que más se pasa por alto. El cannabis legal en Colombia es una actividad licenciada, trazable y con requisitos de capital: licencias del Ministerio de Justicia, cumplimiento sanitario, trazabilidad, estándares de calidad para exportar. Nada de eso se parece a la economía de un cultivo ilícito, y no es un umbral que se cruce solo con voluntad.
El resultado observable es que el sector legal ha tendido a favorecer operaciones con capital. De ahí que resulte significativo que el Decreto 1138 de 2025 reservara durante dos años el abastecimiento del mercado nacional a pequeños y medianos cultivadores: es un reconocimiento explícito de que, sin una medida de ese tipo, el pequeño productor queda fuera.
Lo que viene en la discusión
Con el cambio de gobierno en 2026, la política de drogas volvió al debate electoral, y entre las propuestas figura retomar la regulación del uso adulto como agenda legislativa, con un programa piloto para medir efectos en salud y seguridad. Es una propuesta, no una política vigente.
El balance
La sustitución avanza en hectáreas y cojea en cumplimiento. El cannabis legal es una industria real, pero con barreras de entrada que hoy excluyen a buena parte del campesinado que la narrativa pública imagina como beneficiario. Tratar las dos cosas como equivalentes es cómodo y no ayuda: la pregunta útil no es si el cannabis puede sustituir la coca, sino qué condiciones de tierra, crédito y acompañamiento harían que alguien pudiera cruzar de una economía a la otra.
Fuentes
- Vanguardia. (2026). «Sustitución de cultivos en Colombia avanza sin químicos y con aval internacional», 20 de mayo.
- Revista Reflexión Política (UNAB). «Coaliciones promotoras, sustitución de cultivos ilícitos y condicionamientos: PNIS y la política de erradicación a diez años del acuerdo de paz».
- Indepaz. Majbub Avendaño, S. «El camino para una reformulación de la política de drogas y sustitución de cultivos en el nuevo gobierno 2022-2026».
- El Espectador. (2026). «¿Qué pasará con la política de drogas tras la salida de Petro? Esto proponen los candidatos a la Presidencia 2026».
- Ministerios de Justicia, Agricultura y Salud. (2025). Decreto 1138 del 27 de octubre de 2025.